El Gobierno argentino oficializó este lunes la eliminación de las restricciones fiscales que regían sobre las operaciones comerciales realizadas desde Tierra del Fuego hacia el territorio continental mediante envíos directos a consumidores finales. La medida, establecida en el Decreto 535/2025 y publicada en el Boletín Oficial, modifica el tratamiento fiscal para las empresas radicadas en la Zona Aduanera Especial de Tierra del Fuego, permitiendo que productos como televisores, celulares y electrodomésticos lleguen al resto del país sin cargas adicionales que antes encarecían el precio final para los consumidores.

Hasta ahora, las ventas directas desde la isla debían asimilarse a un proceso de importación, lo que obligaba a emitir facturas con percepción de IVA y generaba créditos fiscales de difícil utilización. Con el nuevo encuadre, estas operaciones se reconocen como entregas para consumo interno, eliminando la interpretación anterior y despejando el camino para que las firmas fueguinas vendan de forma competitiva sus productos. El decreto fue complementado por resoluciones de la AFIP y la Secretaría de Hacienda, que establecen los procedimientos para implementar el nuevo régimen y dejan sin efecto normas previas que computaban estos despachos como importaciones.

El beneficio alcanza exclusivamente a productos fabricados o transformados en Tierra del Fuego bajo el régimen de promoción industrial vigente. Quedan excluidas las mercaderías que ingresen a la isla como importación definitiva o temporal sin transformación local. El objetivo es facilitar la comercialización nacional de bienes con valor agregado fueguino, permitiendo que el destino final del envío sea cualquier punto del país sin alterar la condición fiscal de la operación.

Las empresas radicadas en Ushuaia y Río Grande podrán expandir su canal de venta minorista sin recurrir a intermediarios, simplificando los procedimientos contables y fiscales. El régimen puerta a puerta mantiene el límite de tres compras por persona al año y un valor máximo de USD 3.000 por operación. Las autoridades destacaron que la decisión busca potenciar el desarrollo de la industria fueguina, fomentar el comercio electrónico y garantizar condiciones equitativas de competencia.

Cámaras empresarias y operadores logísticos venían reclamando una solución a lo que consideraban una distorsión normativa, ya que las ventas desde Tierra del Fuego se asimilaban a importaciones, generando costos adicionales y pérdida de competitividad. Expertos advierten que la medida podría implicar un costo fiscal adicional para el Estado, pero se espera que desincentive el contrabando y aumente la recaudación formal. En lo inmediato, se prevé que el decreto habilite un nuevo canal de ventas minoristas para las empresas fueguinas, permitiendo mayor capilaridad y una estructura de costos más racional.