El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una de las mayores reestructuraciones de su historia tras la implementación de un plan de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno Nacional. Cerca de 900 trabajadores aceptaron la propuesta, lo que representa una reducción significativa de la planta de personal y genera preocupación en distintos sectores vinculados a la investigación y la producción agropecuaria.

El proceso, que se extendió hasta el 10 de junio de 2026, contempla una compensación de 1,5 salarios por año trabajado para el personal de planta permanente con más de tres años de antigüedad. Según fuentes oficiales y sindicales, la medida afecta principalmente a investigadores, técnicos y profesionales de larga trayectoria, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional.

En centros clave como la Estación Experimental de Balcarce, el impacto es notorio: 43 retiros voluntarios representan el 18% de su personal, incluyendo jefes de agencias y especialistas en áreas estratégicas. En Brinkmann, Córdoba, la agencia local cerrará sus puertas tras la salida de todos sus técnicos, dejando a la industria láctea regional sin asesoramiento ni acompañamiento técnico. Situaciones similares se registran en el Valle de Uco, Mendoza, donde la falta de personal afecta la continuidad de programas de apoyo a productores vitivinícolas.

A nivel nacional, la reducción de personal desde fines de 2023 alcanza entre 1.800 y 1.900 trabajadores, cerca del 30% de la dotación total del INTA. Las autoridades del organismo, como el director nacional Ariel Pereda, advierten que el ajuste pone en riesgo capacidades estratégicas construidas durante décadas y que "el INTA no tolera más continuar un proceso de ajuste". Por su parte, gremios y municipios afectados rechazan el cierre de agencias y alertan sobre el impacto en la producción y la investigación.

En paralelo, la Justicia suspendió por seis meses el cierre de la Estación Experimental INTA AMBA, tras un amparo presentado por sindicatos, impidiendo despidos y la venta de tierras vinculadas a esa dependencia. El Gobierno, en tanto, sostiene que la medida es parte de un plan estratégico para optimizar recursos, aunque enfrenta resistencia judicial y social.

El futuro del INTA y su capacidad para sostener la investigación, la transferencia tecnológica y el acompañamiento a productores queda en el centro del debate, en un contexto de reorganización estatal y reducción del gasto público.