El Gobierno nacional avanza en una profunda reestructuración de la red vial argentina, combinando la licitación de rutas nacionales con la transferencia de corredores estratégicos a las provincias. Actualmente, se encuentran en proceso de licitación 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tránsito, y se proyecta sumar otros 12.000 kilómetros en obras de ampliación y mejora, bajo esquemas de concesión privada y sin aporte directo del Tesoro.

En paralelo, la administración de Javier Milei impulsa la transferencia de rutas nacionales que no forman parte de la Red Federal de Concesiones a las provincias, permitiendo que cada jurisdicción gestione y financie el mantenimiento y las mejoras según sus necesidades productivas. El caso más avanzado es el de Santa Fe, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la cesión de la ruta nacional A012, un corredor de 67 kilómetros clave para el acceso a puertos y la logística regional. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia asumirá la reparación integral de la traza tras el traspaso, en el marco de un plan logístico portuario que incluye gestiones de financiamiento internacional.

La estrategia oficial busca federalizar la gestión de la infraestructura vial, priorizando corredores vinculados a sectores productivos como el petróleo, la minería y la agroexportación. Según fuentes oficiales, la lógica es que las provincias con mayor interés económico en determinadas rutas asuman su administración y recuperen la inversión a través de peajes u otros mecanismos.

Sin embargo, el esquema aún enfrenta desafíos: no existe un listado definitivo de rutas a transferir, faltan definiciones sobre financiamiento y los acuerdos deberán cerrarse caso por caso. Además, la política de concesiones ha generado críticas por la baja exigencia de obras en algunos contratos y el aumento de peajes, mientras que sectores opositores y usuarios expresan escepticismo sobre la promesa de un "salto cuántico" en la infraestructura.

El Gobierno considera que la cesión de rutas puede convertirse en una herramienta de negociación política con los gobernadores, en un contexto donde necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa. La apuesta es que este modelo permita mejorar la competitividad logística y dar soluciones concretas a las economías regionales, aunque su implementación dependerá de consensos y financiamiento efectivo en cada provincia.