Los recientes cambios en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires han desatado una intensa polémica a pocas semanas de las elecciones del 7 de septiembre. La decisión, tomada por el Juzgado Federal Electoral de La Plata bajo la dirección de Alejo Ramos Padilla, implica que hasta el 80% de los 14,3 millones de electores bonaerenses podría verse obligado a votar en una escuela diferente a la habitual. Esta reorganización, según la Justicia, responde al cierre de numerosos colegios privados por la crisis económica y a la depuración del padrón, eliminando fallecidos y personas que ya no residen en la provincia.

El gobernador Axel Kicillof, alertado por intendentes y funcionarios, elevó un pedido formal para revertir la medida, argumentando que la modificación "conspira contra la voluntad de votar" y que resulta prácticamente imposible notificar a todos los votantes con tan poco tiempo de anticipación. "Numerosos intendentes municipales me han manifestado idéntica preocupación sobre esta novedad", expresó Kicillof en su escrito dirigido al juez Ramos Padilla. La vicegobernadora Verónica Magario fue aún más contundente, calificando los cambios como "nefastos" y "muy graves", especialmente en la Tercera sección electoral, núcleo fuerte del peronismo.

Por su parte, Ramos Padilla defendió la decisión, explicando que el relevamiento de los centros de votación se realiza cada año y que la mayoría de los electores votará más cerca de su domicilio. "Puede ser que algunos voten un poquito más lejos, pero la gran mayoría va a votar más cerca", afirmó el magistrado, quien también negó que el reordenamiento pueda incidir en el nivel de ausentismo. El informe de la Secretaría Electoral detalló que no existe posibilidad material de retrotraer la distribución de mesas, dado que el padrón de electores es diferente y muchos locales han cambiado su condición o no existían en elecciones anteriores.

La controversia se da en un contexto de baja participación en recientes comicios provinciales y locales, lo que aumenta la preocupación sobre el posible impacto de los cambios en la concurrencia a las urnas. El gobierno bonaerense ha anunciado campañas informativas y la instalación de puntos de consulta para ayudar a los votantes a identificar su nuevo lugar de votación. Mientras tanto, el debate continúa entre oficialismo y oposición sobre las verdaderas consecuencias de la medida y la transparencia del proceso electoral.

El desenlace de esta situación será clave para el desarrollo de las elecciones y podría marcar un precedente en la organización de futuros comicios en la provincia de Buenos Aires.