El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina ha oficializado la aprobación de un nuevo protocolo para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales, en respuesta al crecimiento de delitos cometidos a través de internet y redes sociales. La resolución, publicada el 15 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, establece directrices específicas para la selección, capacitación, designación y protección de estos agentes, extendiendo la aplicación de la ley 27.319 al ámbito digital.

La medida instruye a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal a difundir y aplicar el protocolo en sus respectivas áreas. Según la resolución, "deberán adoptarse, de ser necesarias, todas las medidas de protección adecuadas, con los alcances previstos en la legislación aplicable en materia de protección a testigos e imputados".

El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, enfatiza que la utilización de agentes encubiertos y reveladores, tanto en forma presencial como digital, ha permitido incorporar elementos de prueba de valor irrefutable en la lucha contra el delito. El protocolo responde a la necesidad de adaptar las metodologías de investigación a las nuevas formas de criminalidad detectadas en entornos digitales, donde el uso de sitios web y redes sociales para la comisión de delitos complejos se ha incrementado de manera significativa.

La ley 27.319, sancionada previamente, ya regulaba las figuras de agente encubierto y revelador, así como la protección de testigos e imputados. Sin embargo, la nueva resolución amplía el alcance de estas herramientas legales al ámbito digital, en concordancia con la evolución de las modalidades delictivas y las autorizaciones judiciales vigentes.

Con la entrada en vigor inmediata del protocolo, el Ministerio de Seguridad busca fortalecer la prevención y persecución de delitos en el entorno digital, consolidando la coordinación entre las fuerzas federales y adaptando la política criminal a los desafíos actuales. Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la capacidad de investigación y prueba en casos de delitos complejos, aunque no se han registrado reacciones públicas de otros actores en la fuente oficial.