La localidad de Puan, en la provincia de Buenos Aires, ha sido escenario de un caso de extorsión que ha generado gran impacto en la comunidad. Una masajista de 65 años, identificada como Stella Maris Distel, fue detenida tras ser acusada de chantajear a un cliente con la amenaza de difundir fotos íntimas si no cumplía con sus demandas.

Según la investigación, la relación entre la masajista y la víctima, un hombre de 51 años, comenzó en 2021 con fines profesionales. Sin embargo, con el tiempo, la interacción derivó en videollamadas de carácter íntimo que la mujer grabó sin el consentimiento del hombre. Posteriormente, utilizó estas imágenes para extorsionarlo, exigiéndole dinero, electrodomésticos y hasta productos de panadería como tortas y postres.

La víctima denunció que, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024, la acusada le sustrajo más de 3 millones de pesos mediante amenazas constantes. "Le decía que todo el pueblo iba a conocer esas imágenes", señaló una fuente cercana al caso. Agobiado por la situación, el hombre decidió presentar una denuncia a fines del año pasado, lo que permitió iniciar una investigación judicial.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, lideró la investigación. Tras varios meses de trabajo, se ordenó un allanamiento en el domicilio de la acusada, donde se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos que confirmaron las acusaciones. Finalmente, la detención de Distel se concretó en las últimas horas.

El caso ha puesto en evidencia los riesgos asociados al sexting y la falta de legislación específica en el Código Penal argentino para abordar este tipo de delitos. Aunque el sexting está reconocido legalmente, no está tipificado como delito, por lo que la acusada será imputada por extorsión, un delito que conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

La comunidad de Puan, conocida por su tranquilidad, se ha visto conmocionada por la naturaleza del caso. Además, el incidente ha generado un debate sobre la privacidad digital y la necesidad de actualizar los marcos legales para proteger a las víctimas de este tipo de situaciones.

Fuentes judiciales destacaron la importancia de denunciar estos casos para evitar que se prolonguen. "Si bien la víctima tardó en hacerlo, finalmente pudo romper el silencio y eso permitió actuar", subrayó una fuente del caso. Mientras tanto, la acusada permanece detenida y a disposición de la justicia, a la espera de ser indagada por los cargos que se le imputan.