El sector pesquero argentino atraviesa una crisis tras el fracaso de las negociaciones entre las empresas de la flota congeladora y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo colectivo, las empresas han comenzado a ofrecer contratos individuales a los marineros, con el objetivo de reanudar la actividad antes del 23 de julio, fecha clave para el inicio de la temporada de pesca de langostino.

El secretario de Pesca del SOMU, Juan Navarro, declaró que "ya no hay nada por hacer" y reiteró que el gremio no aceptará ninguna reducción en la producción como variable de ajuste salarial. Navarro denunció que las empresas buscan imponer una baja en los ingresos de los marineros, lo que considera innegociable, incluso si esto implica que muchos trabajadores pierdan la temporada. "Nosotros producimos por la cantidad de horas que llevamos arriba, ganamos en base a la producción que es el esfuerzo nuestro", enfatizó.

Por su parte, empresarios como Fernando Álvarez aseguran que la mayoría de las tripulaciones están dispuestas a embarcarse bajo los nuevos acuerdos, aunque reconocen el temor de algunos marineros a posibles represalias sindicales. Álvarez confía en que no habrá litigios posteriores y destaca la necesidad de reactivar la actividad para evitar que los trabajadores queden sin ingresos durante meses. "Me parece tan injusto no darles la oportunidad de que hagan dos mareas, tres, las que fueran cada uno y que se metan una plata que diga bueno, por lo menos tenemos con que aguantar", sostuvo.

El conflicto, que se arrastra desde febrero, ha generado divisiones entre los propios marineros. Mientras algunos aceptan la propuesta empresarial, otros, respaldados por el SOMU, mantienen su rechazo y advierten sobre la posibilidad de medidas de fuerza si los barcos zarpan sin acuerdo colectivo. La Agrupación 25 de Noviembre, integrada en el sindicato, reclama mayor transparencia y la convocatoria a una asamblea informativa para definir los pasos a seguir.

La situación se agrava por la presión de la competencia internacional y la caída de los precios del langostino, lo que ha llevado a las empresas a argumentar la necesidad de ajustar los salarios a la realidad del mercado. Sin embargo, el SOMU insiste en que los trabajadores no deben ser la variable de ajuste y denuncia extorsión por parte de las compañías.

A medida que se acerca la fecha de inicio de la temporada, la incertidumbre crece tanto para los marineros como para las empresas, con el riesgo latente de medidas de fuerza, juicios laborales y un impacto negativo en la economía de las ciudades portuarias.