La crisis generada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha puesto en alerta al sistema de salud y a la justicia federal. El medicamento, producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, está vinculado a la muerte de al menos 96 pacientes en hospitales y clínicas de varias provincias. La investigación judicial, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, ha derivado en la detención de 17 personas, entre ellas el dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, quien permanece preso y ha declarado su intención de no solicitar la excarcelación hasta que se esclarezcan los hechos.

El lote 31.202, compuesto por más de 150.000 ampollas, fue distribuido a través de droguerías en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba. La contaminación bacteriana fue detectada por el Hospital Italiano de La Plata, que notificó a la ANMAT tras observar efectos adversos en pacientes. Los análisis realizados por el instituto Malbrán confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes, lo que agravó el estado de salud de los pacientes y resultó fatal en numerosos casos.

Durante su declaración, García Furfaro negó responsabilidad en la adulteración y apuntó contra exsocios y autoridades regulatorias, sugiriendo que la ANMAT y el Ministerio de Salud buscaron el cierre de sus laboratorios. También defendió la integridad de sus empleados y familiares, muchos de los cuales han sido liberados por razones de salud o falta de pruebas. Sin embargo, la investigación ha revelado graves deficiencias en los controles de calidad, trazabilidad y supervisión, así como posibles desvíos de lotes al mercado ilegal, especialmente en Misiones y Buenos Aires.

El caso ha generado alarma en el sistema de salud y ha puesto en cuestión la eficacia de los controles regulatorios en la producción y distribución de medicamentos. Las autoridades judiciales y sanitarias reconocen la necesidad de reformas y una mayor transparencia en la trazabilidad de productos farmacéuticos. Mientras tanto, el proceso judicial continúa, con la expectativa de que se esclarezcan las responsabilidades y se implementen medidas para evitar futuras tragedias.