En la localidad de Aguas Blancas, Salta, la implementación de un alambrado de 200 metros de largo y 2,5 metros de altura, diseñado para combatir el contrabando y el narcotráfico, ha generado controversia. A pesar de la inversión y los esfuerzos del Plan Güemes, liderado por el gobierno nacional, se han identificado puntos de paso ilegales que continúan operando sin control, como la llamada Finca Karina, ubicada a solo dos kilómetros del alambrado.

Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, denunció que este predio se ha convertido en un centro de contrabando de mercadería, vehículos robados y drogas. Según Zigarán, el 85% de la mercadería ilegal cruza en gomones desde Bolivia y llega a Finca Karina, donde no existe ningún tipo de control. "La mercadería va y viene. En los bultos que baja la gente lamentablemente hay cocaína", afirmó el funcionario.

La situación ha tenido un impacto económico significativo en el municipio de Aguas Blancas, que depende en gran medida del comercio fronterizo. La reducción del tránsito legal ha afectado a vendedores ambulantes, puesteros de comida y otros trabajadores locales, generando pérdidas económicas considerables. Según Zigarán, el municipio ha pasado de recaudar entre 12 y 19 millones de pesos mensuales a enfrentar una caída drástica en sus ingresos.

Además, se han señalado posibles complicidades entre contrabandistas y fuerzas de seguridad locales, lo que ha generado desconfianza en la población. Contrabandistas utilizan handies para coordinar sus actividades y evadir controles, mientras que menores de edad participan en el transporte de mercadería bajo condiciones peligrosas.

El caso de Aguas Blancas no es aislado. En Salvador Mazza, otro punto fronterizo en Salta, se reportan problemas similares, lo que evidencia una problemática estructural en la región. A pesar de los esfuerzos del gobierno, como la implementación del Plan Güemes, la permeabilidad de las fronteras sigue siendo un desafío.

Zigarán ha solicitado al gobierno nacional medidas más efectivas, como la ampliación de horarios en los pasos fronterizos, mayor personal de control y la implementación de tarjetas de tránsito vecinal. Sin embargo, hasta el momento, las soluciones propuestas no han logrado frenar las actividades ilícitas en la zona.

La situación en Aguas Blancas pone en evidencia los desafíos de controlar las fronteras en regiones con alta dependencia económica del comercio informal. Mientras tanto, los habitantes locales y las autoridades enfrentan un dilema entre combatir el contrabando y garantizar el sustento económico de la población.