En un fallo histórico, el Tribunal de Villa La Angostura absolvió a Damián Olivero y Jovita Cayupán, miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao, quienes enfrentaban acusaciones de usurpación de tierras y robo. La resolución, emitida por el juez Eduardo Daniel Egea, reconoció la ocupación tradicional de la comunidad sobre las tierras en disputa y desestimó las acusaciones presentadas por los denunciantes.

El conflicto se originó en febrero de 2023, cuando un grupo ingresó a territorios reivindicados por la comunidad mapuche para realizar tareas de demarcación. Según la defensa, los acusados no solo no cometieron los delitos imputados, sino que fueron víctimas de una agresión territorial y simbólica. Durante el juicio, se presentaron pruebas que evidenciaron irregularidades en los títulos de propiedad de los denunciantes, incluyendo documentos firmados por personas fallecidas.

El abogado defensor, Luis Virgilio Sánchez, destacó que los testimonios de los denunciantes estaban contaminados por intereses económicos, vinculados a proyectos inmobiliarios financiados por grandes empresas. En contraste, los testimonios de los miembros de la comunidad mapuche arrojaron luz sobre los hechos, demostrando que los verdaderos intrusos eran los denunciantes.

Uno de los momentos más significativos del juicio fue la exhibición de un video presentado por la acusación, que lejos de probar un delito, mostró a mujeres de la comunidad defendiendo su territorio frente a hombres que intentaban realizar demarcaciones. El juez Egea subrayó que las mujeres actuaron en defensa de su "centro de vida" y que los denunciantes no tenían vínculos reales con las tierras en cuestión.

El fallo también expuso un trato discriminatorio hacia la comunidad mapuche durante el proceso judicial. La defensa denunció expresiones racistas y un doble estándar en el accionar del Ministerio Público Fiscal, que desestimó denuncias de la comunidad mapuche mientras avanzaba con las presentadas por los intrusos.

Organizaciones de derechos humanos y la Confederación Mapuche de Neuquén celebraron la resolución como un avance significativo en la lucha contra la criminalización de los pueblos originarios. "Hoy ganamos más que un juicio: se reconoció que hubo racismo, que hubo violencia simbólica, y que los mapuches también tienen derecho a defender su territorio", afirmó Sánchez tras la lectura del veredicto.

Este caso, que ha reavivado el debate sobre los derechos territoriales de los pueblos originarios, marca un precedente en la defensa de estas comunidades frente a intereses económicos y discriminación estructural. Sin embargo, los involucrados advierten que esta resolución no pone fin a los conflictos por el territorio, y que la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos indígenas continúa.