En un caso que ha generado conmoción en varias provincias argentinas, la constructora Márquez y Asociados enfrenta graves acusaciones de estafa y asociación ilícita. La empresa, conocida por sus agresivas campañas publicitarias, ofrecía viviendas "llave en mano" a precios accesibles y con plazos de entrega de 12 meses. Sin embargo, las promesas resultaron ser falsas, dejando a más de mil personas afectadas en provincias como Córdoba, San Juan, Mendoza y Santiago del Estero.

Los directivos de la firma, los hermanos Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel Márquez, junto con su contador Ramiro Nieva, fueron detenidos en los últimos días. Según la investigación liderada por el fiscal Enrique Gavier, la empresa operaba bajo un esquema piramidal, utilizando los fondos de nuevos clientes para cubrir deudas previas. Además, se detectó un desvío significativo de dinero hacia negocios paralelos, inversiones en el extranjero y bienes personales, como autos de alta gama e inmuebles. Todas estas propiedades y cuentas han sido inmovilizadas por medidas cautelares.

El caso ha revelado un estado de insolvencia y cesación de pagos por parte de la constructora, que cerró sus oficinas y dejó de responder tanto a clientes como a empleados. Entre los afectados se encuentra Lucas Rodríguez, exjugador de la selección argentina de fútbol para ciegos, quien denunció haber perdido el 80% del valor de su vivienda. "Era el sueño de mis padres, y ahora estamos en una situación de mucha amargura", expresó Rodríguez.

La magnitud del caso llevó al Ministerio Público Fiscal a implementar un sistema de denuncias digitales para facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para las víctimas que residen fuera de Córdoba. Hasta el momento, se han registrado más de mil denuncias, y se espera que el número siga creciendo a medida que más personas se sumen al reclamo.

El fiscal Gavier ha advertido sobre el riesgo procesal y la posibilidad de que los imputados intenten entorpecer la investigación. Aunque aún no se ha estimado el monto total del perjuicio, se reconoce la complejidad del caso y la necesidad de una respuesta judicial contundente. Asociaciones de defensa al consumidor han señalado la falta de control estatal como un factor que permitió que este tipo de estafas se llevaran a cabo.

El caso Márquez y Asociados ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchos argentinos frente a ofertas inmobiliarias que parecen demasiado buenas para ser verdad. Mientras la investigación avanza, los damnificados buscan justicia y la recuperación de sus inversiones, en un proceso que promete ser largo y complicado.