El contratista Fabio Cattani permanece en estado crítico tras ser víctima de un brutal ataque el pasado 11 de agosto en Puerto Deseado, Santa Cruz. El hecho, que involucró a entre 30 y 40 personas vinculadas al gremio UOCRA, ocurrió mientras Cattani trabajaba en una obra del Sindicato de Judiciales. Según la denuncia presentada por su esposa, Sonia Montes, la agresión fue precedida por una orden directa del delegado gremial Franco Moreyra: “A Cattani hay que matarlo”.

Durante la golpiza, Cattani sufrió la pérdida de un bazo y un testículo, ocho fracturas costales, lesiones pulmonares y politraumatismos, lo que derivó en una descompensación cardíaca. Fue trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanece en coma inducido y con pronóstico reservado. La familia denunció demoras en la investigación, atribuidas a la vacancia judicial y a vínculos familiares entre los imputados y magistrados locales.

La causa avanzó tras la intervención del juez Gabriel Contreras, quien dispuso allanamientos y la detención de cuatro sospechosos: Carlos Tapia, Oscar Aranda (alias “Cachumba”), “Neri” y Fabián Hernández, este último hermano de una jueza local. En los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, armas blancas, una réplica de pistola y teléfonos celulares. Los detenidos fueron indagados, pero ninguno confesó el ataque; algunos admitieron haber estado presentes, pero negaron participación directa.

El gremio UOCRA nacional repudió el hecho y solicitó el pronto esclarecimiento, afirmando su compromiso con el respeto a la ley y el diálogo. La familia de Cattani reclama garantías de protección y avances concretos en la investigación, mientras la comunidad local sigue el caso con preocupación por la seguridad laboral y la violencia gremial. El desenlace judicial y las secuelas para la víctima mantienen en vilo a Puerto Deseado y a la provincia de Santa Cruz.