Pablo Laurta, ciudadano uruguayo de 39 años, fue detenido en Gualeguaychú tras una intensa búsqueda policial que abarcó las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Laurta está acusado de haber cometido un doble femicidio en Córdoba, asesinando a su expareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio, y de haber matado al remisero Martín Palacio en Entre Ríos, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y mutilado cerca de Concordia.

La investigación reveló que Laurta planificó meticulosamente su accionar. Diez días antes de los crímenes, alquiló una cabaña en Salto, Uruguay, donde practicó el manejo de kayak para cruzar el río Uruguay sin ser detectado. Tras ocultar la embarcación en Puerto Yeruá, ingresó a Argentina y se alojó en Concordia bajo una identidad falsa. Allí contactó a Palacio, a quien conocía desde la pandemia, y le ofreció una suma considerable para un viaje que inicialmente tenía como destino Rafaela, Santa Fe.

Durante el trayecto, las cámaras de seguridad y el registro de antenas telefónicas permitieron reconstruir el recorrido del Toyota Corolla conducido por Palacio. En algún punto del viaje, Laurta asesinó al remisero y continuó solo, incendiando el vehículo en Córdoba. Posteriormente, cometió el doble femicidio en la casa de sus víctimas en el barrio Villa Serrana, Córdoba, y secuestró a su hijo menor, quien padece autismo.

La fuga de Laurta incluyó un intento de regresar a Uruguay con el niño, utilizando la canoa previamente escondida. Sin embargo, fue interceptado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se hallaron la billetera de Palacio y el arma presuntamente utilizada en los homicidios. El menor fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, calificó a Laurta como una "mente criminal metódica" y destacó la coordinación entre las fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos. El caso generó conmoción en la comunidad y movilizó a las autoridades, quienes continúan investigando los detalles y el vínculo entre Laurta y sus víctimas. La Justicia deberá determinar el lugar de judicialización de la causa, mientras la familia de Palacio y vecinos exigen justicia y esclarecimiento total de los hechos.