La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos que estaban a punto de ser subastados ilegalmente en una casa de remates de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el material incautado se encuentran cartas y escritos vinculados a figuras emblemáticas de la historia argentina, como el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

El operativo se llevó a cabo tras una investigación iniciada por el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, que monitorea regularmente sitios de subastas y plataformas de compraventa online para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales. Fue así como los agentes detectaron la oferta de un lote de más de 200 documentos, que incluía recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación oficial, con un precio base de 100.000 dólares.

Con la información recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo y con intervención de la Secretaría N°7, ordenó un allanamiento en la casa de subastas ubicada en la calle Rodríguez Peña al 1700. Allí se procedió al secuestro de todo el material, que fue trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, donde será sometido a pericias para determinar su autenticidad y valor histórico.

Según informaron fuentes policiales, los documentos presentan características que los incluyen bajo la protección de la Ley 15.930, que regula la conservación y custodia del patrimonio documental nacional. La normativa otorga al Archivo General de la Nación la responsabilidad de reunir y proteger estos bienes, impidiendo su comercialización sin autorización.

El Ministerio de Seguridad destacó la importancia de la labor preventiva y el monitoreo digital para evitar la pérdida de patrimonio histórico. "La comercialización ilegal de estos documentos representa una grave amenaza para la memoria colectiva y la identidad nacional", señalaron voceros oficiales. Por el momento, la investigación judicial continúa para determinar posibles responsabilidades penales y evitar futuros intentos de tráfico de bienes culturales.

Este operativo se suma a otros antecedentes en los que el Estado argentino ha intervenido para resguardar piezas de valor histórico, reforzando su compromiso con la protección del acervo nacional y la preservación de la memoria colectiva.