Una exministra presa por corrupción dijo que le tiene "fobia a la policía" y la Justicia la autorizó a salir sin custodia
• Exministra Leticia Huichaqueo, condenada por corrupción, podrá salir de su prisión domiciliaria en Gaiman los domingos sin custodia policial por motivos de salud mental y discapacidad. • Podría acceder a libertad condicional en septiembre.

La exministra de Acción Social de Chubut, Leticia Huichaqueo, condenada a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por corrupción, fue autorizada por la Justicia a salir de su domicilio los domingos sin custodia policial. La medida, dispuesta por la jueza de Ejecución Penal Karina Breckle, responde a un pedido de la defensa basado en informes médicos que acreditan que Huichaqueo padece ansiedad, ataques de pánico y agorafobia, cuadros agravados por los controles policiales sorpresivos a los que era sometida.
Según la resolución, Huichaqueo podrá salir entre las 16 y las 22 horas para asistir a misa y visitar a dos de sus hermanas, siempre acompañada por familiares. Los traslados se realizarán en un vehículo particular adaptado a su discapacidad motriz, ya que la exfuncionaria se desplaza con andador y silla de ruedas. La vigilancia policial en su domicilio se redujo de tres controles diarios a uno solo, y no podrá visitar a su madre debido a la inaccesibilidad del domicilio.
La exministra cumple arresto domiciliario en Gaiman desde que fue condenada en octubre de 2024 por el desvío de fondos públicos y la venta clandestina de donaciones destinadas a los damnificados del temporal de Comodoro Rivadavia en 2017. La condena unificó dos causas y le impuso, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En diciembre de 2025, los controles sobre Huichaqueo se habían endurecido tras denuncias de incumplimientos, aunque la Justicia rechazó su traslado a una unidad penitenciaria. Ahora, con más de la mitad de la condena cumplida y bajo un régimen de conducta adecuado, la exfuncionaria podría solicitar la libertad condicional en septiembre, aunque seguirá bajo supervisión judicial hasta completar la pena.
El caso reabre el debate sobre el trato judicial a condenados con problemas de salud mental y física, y sobre la progresividad en la ejecución de las penas en Argentina.
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