La comunidad universitaria argentina protagonizó este jueves una masiva jornada de protesta en reclamo de mayor financiamiento y mejoras salariales. Docentes, no docentes y estudiantes se movilizaron en distintas ciudades del país, con epicentro en Buenos Aires y Rosario, para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

En la ciudad de Buenos Aires, la jornada incluyó un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas y una marcha de antorchas desde Plaza Houssay hasta el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación. "Hace más de un año hubo un 70% de inflación acumulada, sin embargo a los hospitales universitarios se le otorgó 0% de aumento en este período", advirtió el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. El subdirector del Clínicas, Juan Carlos Rodríguez, señaló que la falta de actualización presupuestaria obligó a reducir un 30% las cirugías programadas.

En Rosario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, alertó que más de 200 docentes renunciaron en el último año debido a la pérdida del poder adquisitivo. "El 80% está percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza", afirmó. Luz Prados, docente e investigadora, sostuvo que "estamos viviendo el deterioro salarial más grande de la historia reciente de nuestro país".

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, presentado en el Congreso, busca establecer paritarias trimestrales, actualizar automáticamente los gastos operativos según la inflación y aumentar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031. Sin embargo, gremios como Conadu denunciaron que el reciente decreto 425/25 solo permite pagar salarios sin aumentos, manteniendo congelados los sueldos.

La protesta fue acompañada por paros de 24 y 48 horas, afectando el dictado de clases y servicios en las universidades nacionales. Las federaciones estudiantiles y gremiales impulsan una campaña nacional de firmas y reclaman a los legisladores que den quórum para tratar la ley. Mientras tanto, el gobierno nacional sostiene su política de ajuste, generando preocupación por el futuro de la educación y la ciencia pública en Argentina.