El Gobierno nacional avanza con la concesión privada de más de 9.100 kilómetros de rutas nacionales, en un proceso que busca transformar el sistema vial argentino. El nuevo esquema, que concentra el 80% del tránsito del país, prevé la licitación de 18 tramos estratégicos, con un peaje de $4.200 cada 100 kilómetros para autos y tarifas diferenciadas para camiones y otros vehículos.

A diferencia de modelos anteriores, la iniciativa permite que empresas no constructoras participen en las licitaciones, eliminando requisitos técnicos previos y abriendo el mercado a nuevos actores. "Con esto rompemos con el club de la obra pública", afirmó Martín Maccarone, secretario de Infraestructura, destacando que compañías de diversos sectores podrán competir por la explotación de corredores viales.

Para mitigar el riesgo de congelamiento tarifario, el Estado ofrecerá el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) como respaldo a los concesionarios. Este fondo, originalmente destinado a pymes, cubrirá los préstamos tomados por las empresas en caso de que el Estado no actualice las tarifas según lo previsto. "El Fogar le asegurará al inversor que, si el Estado modifica la tarifa o no la actualiza, se le devolverá el préstamo que haya tomado para invertir en las rutas", explicó Maccarone.

El proceso de concesión se divide en tres etapas, con licitaciones nacionales e internacionales. Las empresas adjudicatarias deberán realizar obras de mejora estructural, rehabilitación de calzadas, señalización, iluminación y seguridad, bajo control estatal. Además, se implementará el sistema Free Flow, que digitalizará el cobro de peajes para 2027.

Las audiencias públicas realizadas en distintas provincias permitieron incorporar reclamos y propuestas de obras adicionales, como accesos, rotondas y variantes, así como fortalecer los servicios de emergencia y mejorar la fiscalización de cargas. "La Dirección de Vialidad Nacional tomó como referencia y validez los pedidos que realizamos en el marco de la última audiencia pública", señaló Julio Miguenz, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento.

Sin embargo, el plan genera preocupación por el impacto laboral y social, especialmente en zonas rurales y nodos logísticos sensibles, debido a la liquidación de empresas estatales y la reorganización de Vialidad Nacional. El Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial advierte que el sistema de concesiones es inviable fuera de los accesos metropolitanos, por los bajos caudales de tránsito y el incremento de costos logísticos.

Recientes accidentes fatales en rutas nacionales han reavivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de obras de ampliación y mejoras. El oficialismo sostiene que la Red Federal de Concesiones permitirá mejorar el servicio y reducir los costos de mantenimiento directo con inversión privada. "No hay competitividad posible sin conectar eficientemente los polos productivos con los centros de consumo y los puertos de exportación", afirmó Lorena Villaverde, diputada de Río Negro.

A medida que avanza la hoja de ruta del modelo libertario, persisten interrogantes sobre el acceso a rutas en zonas de baja rentabilidad y el futuro de los trabajadores de las empresas públicas disueltas. El proceso de licitación continúa, con expectativas de adjudicar el 100% de las rutas antes de fin de año.