Las empresas argentinas enfrentan una creciente acumulación de saldos a favor por el impuesto a los Ingresos Brutos, que ya alcanza los $98.579 millones, según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA). Este fenómeno, que afecta a 137 compañías de distintos sectores, se ha intensificado en el último año, con un incremento del 86% en los saldos acumulados, muy por encima de la inflación registrada en el mismo período.

El informe de la UIA revela que más de la mitad de estos saldos se generan en provincias donde las empresas no tienen presencia física, lo que agrava la situación. Nueve jurisdicciones, entre ellas Misiones, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentran el 87% del total adeudado. La falta de mecanismos ágiles para la devolución de estos fondos implica que el capital de trabajo de las empresas queda inmovilizado durante meses o incluso años, restringiendo su capacidad de inversión y operación.

El sistema de retenciones y percepciones bancarias, administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, es señalado como el principal responsable de la acumulación de estos saldos. La UIA sostiene que este esquema genera una carga administrativa excesiva y una presión tributaria efectiva que supera en un 80% la alícuota nominal, afectando directamente la rentabilidad y competitividad industrial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la problemática y la dificultad de reformar el impuesto, dado que representa hasta el 80% de los ingresos propios de muchas provincias. La UIA, por su parte, reclama la regularización de la deuda y propone medidas como la automatización de devoluciones y la limitación de retenciones a jurisdicciones donde las empresas tengan actividad real.

El impacto de esta situación se extiende a otros sectores, como el de exportadores, que también enfrentan demoras en la devolución de saldos y reintegros. Además, la proliferación de nuevas tasas municipales y el aumento de la presión fiscal agravan el llamado "costo argentino", dificultando la competitividad frente a la importación de productos, especialmente en el sector de electrodomésticos.

En contraste, la provincia de Tucumán ha logrado reducir su alícuota efectiva y presenta menores niveles de acumulación de saldos a favor, posicionándose como una excepción dentro del panorama nacional. Sin embargo, la problemática generalizada exige una reforma integral del sistema tributario para evitar que la presión fiscal siga asfixiando al entramado productivo argentino.