Tres policías bonaerenses que prestaban servicios en la Comisaría 1ª de Moreno fueron detenidos en las últimas horas, acusados de torturas, vejaciones y abuso de autoridad contra al menos diez personas privadas de su libertad. La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras una visita sorpresiva a la dependencia policial en agosto de este año, donde se recogieron testimonios directos de las víctimas.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2025. Las víctimas relataron haber sido sometidas a golpizas, amenazas, humillaciones y torturas con corriente eléctrica. Uno de los testimonios más impactantes describe cómo los agentes trasladaban a los detenidos al primer piso, les colocaban los pies en un recipiente con agua y les aplicaban corriente eléctrica con cables conectados a una batería. Además, se reportaron amenazas de abuso sexual y destrucción de pertenencias personales.

La jueza Adriana Julián, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 de Moreno, ordenó los allanamientos y detenciones de los policías Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito, quienes fueron aprehendidos en sus domicilios. La fiscal Erica Chiessi, especializada en violencia institucional, lidera la investigación, que también involucra a otros agentes cuya identidad aún no ha sido determinada.

Durante la inspección judicial, se secuestraron elementos presuntamente utilizados en las torturas y se constató la eliminación de registros de cámaras de seguridad, lo que agrava la situación de los imputados. Los tres policías solicitaron la eximición de prisión, pero la justicia la denegó por la gravedad de los delitos.

La CPM, en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional. La comisaría involucrada ya estaba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2014 debido a las condiciones de detención. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia institucional y la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas de seguridad argentinas. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de otros efectivos y garantizar justicia para las víctimas.