Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de General Guido ha presentado un amparo judicial contra el municipio debido a un aumento del 360% en la tasa de red vial. Este incremento, que consideran "inconstitucional" y "desmedido", ha generado un fuerte rechazo en la comunidad rural.

El conflicto comenzó en febrero de 2025, cuando los productores recibieron las boletas con el nuevo esquema de tasas. Según Fernando Sarena, uno de los productores afectados, "el aumento interanual quedó justo en 361%, lo que es completamente desproporcionado". Además, el sistema de segmentación aplicado para calcular la tasa pasó de tres categorías en 2024 a seis en 2025, lo que, según los denunciantes, no considera la productividad ni la calidad del suelo. "Hay zonas con campos bajos y lagunas que pagan fortunas", agregó Sarena.

El impacto financiero del aumento es significativo. Por ejemplo, un productor con 1100 hectáreas reportó que su cuota pasó de $103.000 a $479.000, mientras que otro con 4500 hectáreas vio un incremento de $1.000.000 a $5.000.000 bimestrales. Este aumento se da en un contexto de inflación acumulada del 570% en dos años, mientras que la tasa subió un 878% en el mismo período.

Los productores también cuestionaron los gastos municipales, señalando que el municipio gastó $30 millones en un carnaval mientras los caminos rurales están en mal estado. "Llueven 20 mm y hay sectores que se hacen intransitables", afirmó Sarena.

Tras varias reuniones fallidas con el intendente Carlos Rocha, de Unión por la Patria, los productores decidieron judicializar el reclamo. Aunque el municipio ofreció descuentos del 10% y luego del 15%, no modificó sustancialmente el aumento. "No estuvieron dispuestos a cambiar el monto", señaló Sarena.

El amparo judicial presentado argumenta que el aumento es "ilegal, inconstitucional y confiscatorio", y que constituye una forma de doble imposición, ya que el mantenimiento de la red vial está contemplado en la distribución de fondos nacionales. Los productores solicitaron que se declare la inaplicabilidad de la ordenanza hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El conflicto también ha impulsado a algunos productores a involucrarse más en la Sociedad Rural local, buscando mayor representación institucional. "Antes no teníamos voz porque muchos productores viven en Capital Federal y en el pueblo. Ahora estamos intentando cambiar eso desde adentro", concluyó Sarena.

El caso sigue abierto, y los productores esperan que la acción judicial reabra el diálogo con el municipio y permita alcanzar una solución que contemple un aumento gradual y razonable.