La renuncia de Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio, y de Marcos Ayerra, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, generó un fuerte impacto en el Ministerio de Economía argentino. El ministro Luis Caputo anunció la salida de ambos funcionarios y la disolución de las áreas que lideraban, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, bajo la dirección de Pablo Lavigne.

La decisión, enmarcada en el proceso de ajuste fiscal y reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, despertó preocupación entre empresarios y entidades del sector pyme. "Esta decisión deja a todas las pymes –motor cotidiano de la economía nacional– sin la interacción institucional necesaria", advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), consideró que la medida representa "un paso hacia un mayor estancamiento del aparato productivo nacional PyME" y podría significar la desaparición de miles de empresas que requieren asistencia estatal.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se subrayó la necesidad urgente de financiamiento y estabilidad de tasas de interés para sostener el capital de trabajo, especialmente en las pymes industriales. Según estimaciones de IPA y otros relevamientos, entre 12.000 y 15.000 pymes han cerrado desde la asunción de Milei, con una pérdida de hasta 83.000 empleos formales en el sector industrial.

Empresarios consultados reconocen que la Secretaría Pyme carecía de recursos para implementar políticas de asistencia financiera o fiscal, lo que limitaba su operatividad. Sin embargo, lamentan la eliminación de programas de capacitación y herramientas de apoyo, así como la pérdida de interlocutores ante el Estado. "Ayerra trató de hacer todo lo que pudo, pero la demanda lo superó porque tiene que ver con los altos costos para producir y el aumento de las importaciones", señaló Rosato.

La absorción de funciones por parte de Pablo Lavigne genera dudas sobre la defensa de la industria nacional, ya que algunos referentes consideran que su postura favorece la apertura comercial. El vaciamiento de políticas públicas y la flexibilización de controles aduaneros incrementan la competencia desleal y los riesgos para los consumidores, afectando a sectores como electrónica, textil, autopartes y alimentos.

En este contexto, las entidades empresariales reclaman la continuidad de políticas y ventanillas de atención estatal, mientras el Gobierno sostiene que la simplificación responde a la falta de recursos y la necesidad de ajuste. El futuro del sector pyme y su representación institucional permanece incierto, en medio de un escenario de caída de actividad, presión de costos y falta de crédito.