Una mujer de 36 años fue rescatada este jueves en Rosario tras haber pasado 22 años en condiciones de servidumbre y explotación laboral. El operativo, realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, se llevó a cabo en una vivienda de la calle Montevideo, en el barrio Martín, a metros del Monumento a la Bandera.

La víctima, que había sido trasladada desde Corrientes cuando tenía apenas 14 años, vivía "cama adentro" y estaba obligada a realizar tareas domésticas y cuidar a personas mayores sin recibir remuneración alguna. Según informaron fuentes judiciales, la mujer solo podía salir del domicilio para hacer mandados y dependía completamente de quienes la explotaban. Además, no sabía leer ni escribir y desconocía sus derechos.

El caso fue detectado gracias a la intervención de un organismo de salud, luego de que la víctima acudiera a una consulta médica y se identificaran signos de maltrato y explotación. "Lo que planteaba no correspondía a un cuadro físico, entonces fue derivada al servicio de salud mental. En las entrevistas con psicología contó situaciones que daban cuenta de un posible delito de reducción a la servidumbre o explotación laboral", explicó María Laura Pasquero, responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.

La Justicia Federal, a cargo del juez Román Lanzón y la fiscal María Virginia Sosa, ordenó dos allanamientos: uno en Rosario, donde fue hallada la víctima, y otro en Pueblo Esther, donde se incautaron armas y se detuvo a un hombre de 66 años, presunto responsable de la red de trata. Se investiga la participación de al menos tres personas en el caso.

Durante el operativo, la mujer fue asistida por un equipo de psicólogos y posteriormente trasladada a un centro de asistencia a víctimas de trata. Las autoridades judiciales y de derechos humanos destacaron la gravedad del caso y la necesidad de un acompañamiento institucional sostenido para la víctima, quien presenta un daño psíquico severo tras más de dos décadas de sometimiento.

La causa avanza con la recolección de testimonios y pericias para determinar el alcance de la red de explotación. El delito de trata laboral prevé penas de hasta 15 años de prisión. Las autoridades recordaron la importancia de denunciar situaciones similares llamando a la Línea 145, y subrayaron que la intervención estatal fue clave para evitar la revictimización y garantizar la protección de la víctima.