El brutal asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años, sacudió a la localidad de Acassuso, en el partido de San Isidro. La mujer fue encontrada muerta, maniatada y con signos de haber sido golpeada, en su vivienda de la calle Urquiza al 1100. El hallazgo se produjo días después del crimen, cuando su sobrina, preocupada por la falta de contacto, ingresó al domicilio y alertó a las autoridades.

La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari y el comisario Lucas Borge, apunta a la "Banda del Millón", una organización delictiva conocida por su violencia y por atacar a adultos mayores en la zona norte del conurbano bonaerense. Siete sospechosos fueron detenidos en una serie de operativos realizados en San Isidro, Martínez y Tigre. Entre los arrestados se encuentra Hugo Isaías Castillo San Martín, alias "Castillito", señalado como líder de la banda y quien, según la pesquisa, habría coordinado el robo y asesinato desde la cárcel mediante mensajes de WhatsApp.

Durante los allanamientos, la policía incautó teléfonos celulares, armas y herramientas utilizadas para violentar aberturas. El análisis de los dispositivos reveló conversaciones en las que los detenidos admiten su participación en el crimen. La autopsia determinó que Rodríguez Iturriaga murió como consecuencia de los golpes recibidos y una posterior descompensación.

La "Banda del Millón" ya había atacado previamente a la víctima y a otros vecinos, incluyendo al empresario Jorge De Marco y al conductor de televisión Ángel "Baby" Etchecopar. Los robos se caracterizaban por la extrema violencia y la selección de víctimas vulnerables, principalmente jubilados. Los bienes sustraídos eran exhibidos en redes sociales y utilizados para la compra de artículos de lujo.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos y reavivado el debate sobre la seguridad en la región. Las autoridades continúan investigando para esclarecer la responsabilidad de los líderes presos y evitar nuevos hechos similares. El accionar de la banda pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre organizaciones criminales que operan desde el interior de las cárceles, así como la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.