El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes de las universidades públicas, a pagarse entre septiembre y noviembre, en respuesta al paro que afectó a más de 50 instituciones y retrasó el inicio del segundo cuatrimestre. Además, se otorgarán sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, asignadas proporcionalmente según la dedicación, como parte de un paquete de medidas para atender los reclamos del sector.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, comunicó que el incremento busca fortalecer el funcionamiento y desarrollo de las universidades nacionales. Según el Gobierno, en 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones y se dispusieron partidas especiales para hospitales universitarios, incluyendo $33.000 millones para los dependientes de la Universidad de Buenos Aires.

Sin embargo, gremios y representantes universitarios rechazan la medida, argumentando que el aumento es insuficiente frente a la inflación y que la crisis presupuestaria persiste. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, afirmó: “No hay ningún aumento real. Lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, julio y agosto, siempre por debajo de la inflación. Lo único nuevo es el bono de $25.000 por única vez para quienes cubren 40 horas”. Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, agregó: “Nos deben medio sueldo y tenemos una pérdida del 45% del salario. El aumento anunciado es una burla”.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, sostuvo que el ajuste recae no solo en los trabajadores universitarios, sino también en otros sectores estatales, y que el salario universitario es el más bajo de los últimos 40 años. Las organizaciones gremiales mantienen el plan de lucha, con paros rotativos y la convocatoria a una tercera Marcha Federal Universitaria hacia fines de agosto.

El conflicto se desarrolla en el contexto de la media sanción de un proyecto de ley para incrementar el financiamiento universitario y de un presupuesto que, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), es el más bajo desde 2006 y acumula una caída del 32% desde 2023. El debate sobre el financiamiento y la situación salarial de las universidades sigue abierto tanto en el Congreso como en la opinión pública, mientras el Gobierno y los gremios mantienen posiciones enfrentadas sobre la magnitud y el impacto de las medidas adoptadas.