La Cámara de Diputados cerró la etapa de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares en medio de fuertes controversias y un clima de tensión. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, fue rechazado por el 95% de los expositores que participaron en las jornadas, según datos oficiales. De los más de 100.000 inscriptos, solo una fracción mínima pudo intervenir, lo que generó denuncias de exclusión y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Durante las audiencias, se registraron momentos de desorden y reclamos por parte de los participantes, quienes señalaron la falta de transparencia en los criterios de selección y la ausencia de un verdadero debate democrático. "Esto no es una participación democrática, esto es una simulación", expresó Alexia Solange Medina, guía de turismo y referente ambiental. Nazarena Paschetta, también guía y activista de El Calafate, advirtió que la reforma implica "entregar completamente el agua" y criticó la ambigüedad en la definición de glaciares que permitiría a funcionarios provinciales decidir qué áreas proteger.

El proyecto de reforma otorga a las provincias mayor poder para determinar la relevancia hídrica de los glaciares y habilita la posibilidad de realizar actividades mineras en zonas antes protegidas. Esta flexibilización ha sido defendida por representantes del sector minero y algunos funcionarios, quienes argumentan que la minería es clave para atraer inversiones y desarrollo económico. Sin embargo, la mayoría de los participantes en las audiencias, incluidos científicos y ciudadanos de zonas afectadas, alertaron sobre el riesgo para las reservas de agua y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que exige participación ciudadana efectiva en temas ambientales.

El oficialismo busca avanzar con la votación de la reforma en abril, mientras sectores de la oposición proponen una consulta popular vinculante. El debate se da en un contexto de crisis hídrica y creciente presión por inversiones mineras, lo que profundiza la polarización entre desarrollo económico y protección ambiental. El futuro de la Ley de Glaciares sigue en disputa, con implicancias directas para la gestión del agua y la sustentabilidad en Argentina.