La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una ley que establece la gratuidad del servicio de subte para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la capital y perciban hasta 2,5 haberes mínimos. La iniciativa, que fue consensuada entre distintos bloques políticos, obtuvo 44 votos a favor y seis abstenciones, todas ellas de legisladores de La Libertad Avanza.

El nuevo beneficio elimina las restricciones horarias y de días que regían hasta el momento, permitiendo el uso irrestricto del subte a este sector de la población. El pase gratuito tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse indefinidamente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Para acceder al beneficio, los interesados deberán gestionar una tarjeta magnética en las estaciones cabeceras o en las sedes comunales, con la posibilidad de realizar el trámite de manera digital o presencial.

Durante el debate, la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó: “Los adultos mayores merecen vivir con dignidad y moverse sin restricciones. Bastante tienen con la jubilación que cobran”. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la aprobación y aseguró que la medida “no afecta el equilibrio fiscal” de la Ciudad, ya que demandará menos del 1% del superávit anual.

El proyecto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria, Confianza Pública y otros bloques opositores, y finalmente recibió el apoyo del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. La Libertad Avanza se abstuvo de votar, lo que generó críticas de otros sectores políticos. La presidenta del bloque Unión por la Patria, Claudia Neira, destacó que “este es un avance político enorme y un acto de justicia con los más golpeados por este Gobierno”.

La ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 90 días. El beneficio excluye a quienes no residen en la Ciudad y será dado de baja si no se utiliza durante dos años consecutivos. La medida busca aliviar el gasto en transporte de los adultos mayores, en un contexto de creciente presión económica sobre este sector de la población. Se espera que la implementación sea ágil, aunque existen antecedentes de demoras en la reglamentación de leyes similares en la Ciudad.