La detención de Karen Yael Cufré, empleada de la Central de Monitoreo de Morón, arrojó nueva luz sobre la investigación del suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. Gómez, de 21 años, fue víctima de una sofisticada red de extorsión que operaba desde los penales de Magdalena y Olmos, utilizando perfiles falsos en aplicaciones de citas para captar y luego amenazar a sus víctimas.

Según la investigación judicial, la banda, liderada por presos y con apoyo logístico externo, exigía dinero bajo amenazas de falsas denuncias policiales. Gómez llegó a transferir $1,4 millones en pocas horas, presionado por la supuesta inminencia de una causa por pedofilia. La carta de despedida que dejó el joven fue fundamental para reconstruir los hechos y permitió a los detectives de la Policía Federal intervenir líneas telefónicas y rastrear las transferencias.

Cufré, quien ingresó al municipio en 2025 sin antecedentes penales, fue identificada como una de las recaudadoras y facilitadoras logísticas de la organización. Su rol incluía aportar datos para crear cuentas falsas, gestionar chips de celulares y distribuir el dinero obtenido. Tras conocerse su implicación, el municipio de Morón dispuso su cesantía inmediata y ratificó su colaboración con la Justicia.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, confirmaron en conferencia de prensa la detención de siete personas, entre ellas Cufré y varios internos, y destacaron la gravedad del caso. La Justicia rechazó pedidos de excarcelación por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de intimidación a testigos.

El caso ha generado preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes ante extorsiones digitales y la capacidad de las redes criminales para operar desde el interior de organismos públicos. Autoridades y familiares de la víctima reclaman mayores controles y políticas de prevención para evitar que se repitan hechos similares.