El empresario Lázaro Báez, condenado por causas de corrupción, fue trasladado desde la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos al penal de Ezeiza, en Buenos Aires, tras una jornada marcada por denuncias de irregularidades y preocupación por su estado de salud. La medida fue ordenada por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Báez, argumentando que las condiciones de detención en Río Gallegos no eran adecuadas para su situación médica y que el penal de Ezeiza cuenta con instalaciones más apropiadas para su atención.

El operativo se realizó sin notificación previa a la familia ni a los abogados del empresario, lo que llevó a que su entorno denunciara que Báez estuvo "técnicamente desaparecido" durante varias horas. La esposa de Báez, Claudia Insaurralde, relató que recorrieron hospitales y clínicas en busca de información, mientras la defensa presentó escritos urgentes ante la Justicia para conocer su paradero y garantizar su integridad física y médica.

La defensa, encabezada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti, advirtió que Báez padece enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, arritmia y problemas gastrointestinales, y que su estado de salud se agravó en prisión. Solicitaron su internación en El Calafate y el regreso al régimen de prisión domiciliaria, pero ambas peticiones fueron rechazadas por la Justicia. Además, denunciaron condiciones de detención precarias en un sector conocido como "leonera", con aislamiento y falta de atención médica adecuada.

El juez Vázquez dispuso el traslado aéreo a Ezeiza para prevenir riesgos para la salud y la vida de Báez, y solicitó que se le realicen estudios médicos especializados. La defensa calificó el procedimiento como "irregular y preocupante" y anunció que apelará la decisión, mientras el Servicio Penitenciario Federal argumentó limitaciones logísticas para traslados médicos.

El caso de Báez, quien cumple una condena de 15 años por lavado de dinero y administración fraudulenta, se enmarca en el debate sobre las condiciones carcelarias y los derechos de los detenidos en Argentina. El expediente judicial sigue abierto, pendiente de informes médicos y nuevas resoluciones, mientras la familia y la defensa insisten en la necesidad de garantizar la salud y los derechos procesales del empresario.