Jonathan Darío Cáceres, un albañil de 33 años, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata tras ser hallado culpable de los asesinatos de María Angélica Rossi y Elizabet Othondo, ocurridos en mayo y junio de 2023. La sentencia, dictada por los jueces Federico Cecchi, Roberto Falcone y Alexis Simaz, se basó en pruebas contundentes que incluyeron ADN de las víctimas en prendas del acusado, objetos robados recuperados y la coincidencia de huellas de zapatillas encontradas en la escena del crimen.

El primer homicidio tuvo lugar el 5 de mayo de 2023, cuando Rossi fue hallada muerta en su casa del Bosque Peralta Ramos. El agresor intentó incendiar la vivienda para borrar evidencias, pero los peritos lograron identificar una huella de zapatilla manchada de sangre, que luego fue vinculada a Cáceres. Semanas después, el 2 de junio, Othondo fue asesinada en su domicilio del barrio San José bajo circunstancias similares: golpes en la cabeza, robo de pertenencias y un intento de incendio.

Durante el juicio, Cáceres negó su responsabilidad y alegó estar trabajando en otro lugar en las fechas de los crímenes. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que lo ubicaban en las escenas y demostraban su vínculo laboral previo con ambas víctimas. Además, se recuperaron objetos robados, como computadoras y teléfonos, que habían sido entregados por el acusado a terceros.

La defensa oficial intentó argumentar irregularidades en el procedimiento de detención y solicitó la absolución o una condena menor, pero el tribunal consideró acreditada la acusación y aplicó la pena máxima prevista por el Código Penal. Tras la lectura de la sentencia, Cáceres fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

El caso generó conmoción en Mar del Plata, tanto por la violencia de los hechos como por la vulnerabilidad de las víctimas. La fiscalía resaltó la "personalidad perversa" del acusado y la importancia de la condena para la comunidad. El fallo fue recibido como un acto de justicia por los familiares de las víctimas y la sociedad local, que siguió de cerca el desarrollo del proceso judicial.