La disputa por la distribución de fondos federales entre el Gobierno nacional y las provincias alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana. Gobernadores de distintos signos políticos, incluidos algunos que hasta ahora se habían mostrado aliados del presidente Javier Milei, se sumaron al peronismo para impulsar una serie de proyectos de ley que buscan obligar a la Casa Rosada a coparticipar automáticamente el 50% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y parte de los recursos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La iniciativa surgió tras una reunión virtual entre cinco gobernadores y jefes de bloque del peronismo, el PRO y la UCR, en la que se acordó avanzar en propuestas para garantizar una distribución más equitativa de los fondos. Entre los participantes estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maxi Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa), además de referentes legislativos como José Mayans, Alfredo de Angeli y Martín Lousteau.

El reclamo de los mandatarios provinciales se centra en la falta de respuesta del Gobierno nacional ante la demanda de liberar los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles, que según la ley deberían destinarse a obras de infraestructura en el interior del país. "No pedimos nada extra, sólo que se discuta la distribución de lo que ya existe", expresó uno de los gobernadores, reflejando el malestar generalizado.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate por la inequidad en el reparto de fondos. Según datos oficiales, Buenos Aires recibe apenas el 19,93% de la masa coparticipable, pese a aportar más del 30% del PBI nacional y albergar al 38% de la población argentina. Esta situación, que se repite desde hace décadas, es vista como una de las principales distorsiones del sistema federal.

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue tajante. Altos funcionarios y el propio presidente Milei advirtieron que vetarán cualquier ley que, a su juicio, ponga en riesgo el superávit fiscal. "No nos asusta vetar", señalaron fuentes oficiales, recordando que ya se frenaron iniciativas similares, como el fondo especial para Bahía Blanca tras la emergencia climática.

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, calculó que su provincia podría recibir hasta 4 mil millones de pesos mensuales adicionales si prospera la reforma, lo que ilustra el impacto potencial de la medida en las finanzas provinciales.

Mientras tanto, el debate sobre una reforma integral del régimen de coparticipación permanece estancado, aunque la presión de los gobernadores y la crisis de recursos en las provincias podrían acelerar la discusión en el Congreso en los próximos meses.