El empresario Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", fue detenido en un megaoperativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) que incluyó más de 60 allanamientos simultáneos en Buenos Aires y Luján. La causa, liderada por la fiscal Cecilia Incardona, involucra delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita.

La detención de Castillo se produjo en su mansión ubicada en Luján, donde también fueron arrestados otros 18 implicados, incluidos miembros de su familia y socios cercanos. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 62 vehículos de lujo, $42 millones de pesos y $1.8 millones de dólares en efectivo, además de documentos contables, computadoras y registros financieros que serán peritados.

La investigación, que comenzó en 2023, reveló un entramado financiero que incluye 89 sociedades comerciales y más de 160 personas involucradas. Según los registros, el holding La Salada procesó $34.391 millones en cuentas bancarias en los últimos cuatro años. Las principales empresas involucradas son Punta Mogote SCA, Unifap SA y Urkupiña SA, que operan en el predio de la feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora.

La feria, conocida como la más grande de Latinoamérica, es un centro de comercio informal donde se venden productos falsificados y se generan millones de pesos diarios. Según fuentes judiciales, Castillo lideraba una de las tres estructuras mafiosas que controlan la actividad comercial en la zona, utilizando métodos coercitivos para manejar la seguridad, los estacionamientos y el alquiler de puestos.

Este caso no es el primero para Castillo, quien ya había sido detenido en 2017 por delitos similares. En esta ocasión, la fiscal Incardona se enfocó en la ruta financiera de la feria, logrando identificar un esquema de blanqueo de capitales que incluía la diversificación de fondos en múltiples cuentas bancarias y la compra de bienes suntuosos.

La detención de Castillo y el desmantelamiento de su red representan un golpe significativo contra el comercio ilegal en Argentina. Sin embargo, expertos advierten que el problema estructural del comercio informal persiste y requerirá medidas más amplias para ser abordado de manera efectiva.