Un escándalo de corrupción policial ha salido a la luz en Rosario, provincia de Santa Fe, donde ocho policías, incluido un jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT), han sido imputados por delitos graves como torturas, allanamientos ilegales y robo de drogas, armas y dinero. El caso, que comenzó con un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024 en el barrio Azcuénaga, ha puesto en evidencia un patrón sistemático de abuso de poder dentro de la fuerza policial.

Según la investigación, liderada por fiscales federales, los policías utilizaron métodos ilegales para obtener información de los detenidos, incluyendo golpes, amenazas y el uso de una picana eléctrica. Las víctimas relataron que fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas, mientras los agentes buscaban datos sobre un proveedor de drogas al que se referían como "pez gordo". Una vez obtenida la información, los policías realizaron un allanamiento ilegal en otra vivienda, donde sustrajeron 15 kilos de cocaína, armas de fuego, 50,500 dólares y 285,000 pesos.

El jefe policial imputado, Miguel Alberto Aguilar, fue descrito por los fiscales como un "pedagogo de la ilegalidad" debido a su rol en la planificación y ejecución de estos actos. Aguilar y sus subalternos enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, comercio de estupefacientes, asociación ilícita, robo agravado y omisión de evitar torturas. Durante las audiencias, se presentaron evidencias contundentes, como audios incriminatorios y una picana eléctrica encontrada en la mochila de uno de los policías.

El juez federal Carlos Vera Barros dictó prisión preventiva para los imputados, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación. Además, se ordenó la inhibición general de bienes de Aguilar como medida cautelar.

Este caso ha generado una fuerte reacción en la sociedad, con pedidos de justicia y reformas estructurales en la fuerza policial. Los fiscales han señalado que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de corrupción y abuso de poder en la provincia de Santa Fe. Se espera que las investigaciones continúen revelando más detalles y posibles conexiones con redes de narcotráfico.

El impacto de este caso podría ser significativo, no solo en términos judiciales, sino también en la percepción pública de las fuerzas de seguridad y en la implementación de medidas para prevenir futuros abusos.