El femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano, Salta, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la protección efectiva a víctimas de violencia de género. Natalia, de 36 años, fue asesinada en su vivienda tras reiteradas denuncias y pedidos de protección contra su expareja, Orlando Serapio, quien permanece prófugo.

Según fuentes judiciales y policiales, Natalia había solicitado en varias oportunidades medidas de protección, incluyendo una custodia policial fija, debido a un patrón de acoso y violencia que se intensificó en los meses previos al crimen. Aunque la Justicia ordenó la custodia, la policía local informó que no contaba con personal suficiente para cumplirla. "No había policías disponibles", fue la respuesta que recibió la víctima horas antes de su muerte.

El día del crimen, Natalia fue hallada por sus familiares con signos de violencia y un cable alrededor del cuello. A pesar de ser trasladada de urgencia al hospital local, falleció antes de recibir atención médica. La investigación determinó que Serapio, principal sospechoso, huyó del lugar y abandonó su camioneta en la zona de Chorrillos, lo que llevó a un operativo de búsqueda intensivo en áreas montañosas.

El caso de Natalia no es un hecho aislado en su familia. En 2017, su hermana menor, Amira, fue víctima de femicidio a manos de su pareja, lo que agrava el dolor y la indignación de sus allegados. "Llegaba a la casa y entraba con la excusa de que se llevaba a los chiquitos", relató la madre de la víctima sobre la facilidad con la que el agresor violaba las restricciones.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, se reunió con los familiares para informarles sobre el avance de la causa y los derechos que les asisten como víctimas. Mientras tanto, organizaciones sociales y familiares denuncian negligencia y falta de articulación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad, señalando que las medidas de protección resultaron insuficientes frente a un agresor reincidente.

El femicidio de Natalia Cruz expone la distancia entre las resoluciones judiciales y los recursos operativos disponibles, y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en casos de violencia de género. La investigación continúa y se espera que se determinen responsabilidades individuales y administrativas en el caso.