El reciente escándalo por la difusión de videos humorísticos en estaciones de servicio Shell Crespo (Entre Ríos) y YPF Marcos Juárez (Córdoba) generó un fuerte repudio en redes sociales y medios. En ambos casos, empleados simularon el secuestro de una mujer, metiéndola en una bolsa de consorcio y "despachándola" en tono de broma, lo que fue interpretado como una trivialización de la violencia de género.

La reacción social fue inmediata. El video de Shell Crespo, publicado en Instagram, recibió críticas masivas y llevó a la empresa a eliminar la cuenta y emitir un comunicado de disculpas. "Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género", expresaron los dueños de la estación, comprometiéndose a revisar sus procesos de comunicación. La protagonista del video, responsable de la agencia de marketing, asumió la autoría y la responsabilidad, señalando que "será un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor".

En el caso de YPF Marcos Juárez, la empresa estatal repudió el video y anunció la desvinculación de los empleados involucrados, además de evaluar sanciones contractuales para la estación. "Repudiamos cualquier manifestación de violencia", indicaron en su comunicado oficial.

El repudio trascendió el ámbito empresarial. Periodistas Feministas de Entre Ríos, figuras públicas como Flor Jazmín Peña, Ana Celentano y Sol Despeinada, y la senadora Malena Galmarini, condenaron la banalización de la violencia y exigieron mayor responsabilidad en la comunicación. "En un país donde se comete un femicidio cada 27 horas, este tipo de humor es inadmisible", señalaron.

Los videos se inscriben en una tendencia viral de TikTok, donde se simula "deshacerse" de la empleada de marketing, replicando estereotipos misóginos. El caso reactivó el debate sobre la representación de la violencia de género en los medios y la necesidad de una perspectiva de género en la comunicación comercial.

El episodio deja en evidencia la sensibilidad social ante la violencia simbólica y mediática, y la exigencia de que las empresas asuman un rol activo en la prevención y condena de estos mensajes. El compromiso público de revisar contenidos y sancionar a los responsables marca un precedente en la industria publicitaria argentina, en un contexto de alta preocupación por los femicidios y la violencia contra las mujeres.