El pasado viernes al mediodía, un violento episodio de inseguridad sacudió la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Dos motochorros armados irrumpieron en el mayorista Puente, ubicado en Ruta 200 y calle Mar del Plata, donde redujeron a un empleado y robaron dinero en efectivo y cigarrillos. Sin embargo, su huida fue interrumpida de manera inesperada.

El propietario del comercio, un joven de 19 años, llegaba al lugar en su camioneta Mercedes Benz Sprinter cuando fue alertado por un empleado sobre el robo. Al observar a los delincuentes escapar en una motocicleta, el comerciante decidió embestirlos con su vehículo. La colisión, registrada por cámaras de seguridad, desestabilizó a los ladrones, quienes terminaron chocando contra un paredón.

Uno de los delincuentes, identificado como Leonel Eduardo Otazo, de 32 años, sufrió una fractura expuesta en la rodilla derecha y un corte en el cuero cabelludo. Fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde permanece internado bajo custodia policial. Su cómplice, Brandon Contreras, de 21 años, resultó ileso y fue detenido en el lugar por efectivos de la policía bonaerense.

En el lugar del incidente, las autoridades incautaron dos armas de fuego: un revólver calibre .22 y otro calibre .32, ambos con numeración suprimida, además del botín robado. La fiscal Valeria Courtade, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de Morón, avaló la actuación del comerciante al considerar que actuó en legítima defensa. Hasta el momento, no se han tomado medidas legales en su contra.

El caso ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la inseguridad y la legítima defensa. Mientras algunos vecinos respaldan la acción del comerciante, otros expresan preocupación por la escalada de violencia en la región. Este incidente se suma a una serie de hechos similares que reflejan la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense.

Los delincuentes enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. La fiscalía también dispuso una consigna policial en el comercio asaltado ante el temor de posibles represalias. El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad sigue dividida en sus opiniones sobre la justicia por mano propia y la respuesta de las autoridades ante la creciente inseguridad.