Frutafiel S.A.S., una de las empresas más tradicionales del sector de bebidas y alimentos en Entre Ríos, inició un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra, según confirmaron fuentes judiciales y empresariales. La compañía, con más de 70 años de historia y sede en General Ramírez, enfrenta una crisis financiera que atribuye a la combinación de inflación sostenida, caída abrupta del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito bancario.

La solicitud de concurso preventivo fue presentada el 22 de mayo de 2026 y aceptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná el 10 de junio. El juez Ángel Luis Moia dispuso la inhibición general de bienes de la firma, impidiendo la venta o transferencia de activos sin autorización judicial, y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura para supervisar el proceso de reorganización.

La empresa reportó un activo total de $4.016 millones y un pasivo de $3.818 millones, lo que deja un patrimonio neto positivo pero con márgenes extremadamente ajustados. Frutafiel explicó que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año, cuando dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago y comenzaron a rechazarse cheques emitidos por la firma. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, señaló la compañía en su presentación judicial.

Para sostener la operación, el principal accionista vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la empresa, lo que permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia y un vino con jugo, productos que actualmente representan el 30% de la facturación. Sin embargo, problemas de abastecimiento y la rápida reacción de la competencia limitaron el éxito de estas iniciativas.

Frutafiel es uno de los principales empleadores de General Ramírez, una localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa sostiene que su actividad es viable en el mediano y largo plazo y que el concurso preventivo permitirá reorganizar sus pasivos y concentrar recursos en la producción. El proceso judicial, que durará varios meses, busca preservar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, en un contexto económico nacional marcado por la recesión, la inflación y la dificultad de acceso al crédito.