El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses ha incrementado de manera significativa su participación en empresas privadas argentinas, en una estrategia que contrasta con el discurso privatizador del gobierno de Javier Milei. El caso más notorio es el de ByMA, el principal mercado bursátil del país, donde la tenencia estatal pasó de 25,4 millones de acciones en 2023 a más de 516 millones en 2025, lo que representa un aumento del 1.928%. Este movimiento ha generado suspicacias en el mercado financiero y ha motivado la apertura de una causa judicial para investigar posibles delitos como uso de información privilegiada y manipulación bursátil.

El FGS, bajo la órbita de la Anses y con influencia directa del Ministerio de Economía, también incrementó su participación en empresas como YPF, Banco Galicia, Banco Macro y Central Puerto. Entre mayo y noviembre de 2025, el fondo invirtió cerca de USD 1.426 millones en acciones, según estimaciones de la consultora 1816. Actualmente, las acciones privadas representan entre el 13% y el 16% del total de la cartera del FGS, aún por debajo del límite legal establecido.

El salto en ByMA fue particularmente llamativo, ya que superó ampliamente el crecimiento de la participación estatal en otras compañías. La eliminación de restricciones para el reparto de dividendos de la Caja de Valores, que coincidió con un fuerte aumento en la cotización de ByMA, alimentó las sospechas de maniobras financieras irregulares. El fiscal Carlos Rívolo solicitó información a la Comisión Nacional de Valores para esclarecer los hechos.

A pesar del aumento en la exposición a acciones, el FGS mantiene la mayor parte de su cartera en títulos públicos nacionales, representando alrededor del 78% del total. La estrategia de rotar parte de la cartera hacia acciones responde a la búsqueda de mayor rentabilidad en un contexto de recuperación macroeconómica, aunque analistas advierten sobre los riesgos de concentración sectorial y el impacto en la percepción de riesgo país.

Fuentes oficiales sostienen que el objetivo es maximizar el retorno de la inversión sin intervenir en la gestión de las empresas. Sin embargo, el avance del Estado como accionista reaviva el debate sobre su rol en el sector privado, una discusión recurrente en la historia económica argentina. Mientras tanto, en el mercado persisten dos interpretaciones: una visión que considera la estrategia como una apuesta financiera legítima y otra que la ve como un mecanismo para sostener precios y facilitar futuras privatizaciones.