Patricia Miriam Larroza, quien estuvo más de dos años en prisión preventiva acusada de instigar el homicidio de su pareja en 2013, será indemnizada por el Estado bonaerense con $126.800.000 más intereses, según resolvió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes. La decisión judicial se fundamenta en que la privación de libertad de Larroza fue arbitraria y careció de pruebas suficientes, lo que derivó en un daño moral y psíquico significativo.

El caso se remonta a julio de 2013, cuando Fabián Héctor Martínez fue hallado muerto con siete heridas de arma blanca y sin varias de sus pertenencias. La investigación apuntó contra Larroza a partir del testimonio de un testigo de identidad reservada, quien posteriormente fue vinculado a una organización dedicada a fabricar causas penales falsas. A pesar de la gravedad de la acusación, la fiscalía retiró los cargos durante el juicio oral y el tribunal absolvió a Larroza en octubre de 2015.

Tras recuperar su libertad, Larroza inició una demanda contra la provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios. El tribunal determinó que la prisión preventiva excedió el plazo razonable y no estuvo respaldada por fundamentos sólidos. La indemnización incluye $26.800.000 por incapacidad psíquica y $100.000.000 por daño moral, además de un interés anual del 6% desde la fecha de detención.

El fallo también consideró el impacto familiar de la detención, ya que Larroza es madre de cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad severa, lo que agravó el daño sufrido durante su encarcelamiento. Los autores materiales del homicidio de Martínez nunca fueron identificados.

Este caso pone en evidencia las deficiencias en la investigación penal y la importancia de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los acusados. La resolución judicial sienta un precedente sobre la responsabilidad estatal ante errores judiciales y la necesidad de reparación a las víctimas de privaciones de libertad injustificadas.