El descarte masivo de merluza por parte de buques pesqueros argentinos generó una fuerte polémica en el sector marítimo y motivó la intervención de autoridades nacionales y provinciales. En la última semana de enero, se viralizó un video que muestra a tripulantes arrojando toneladas de merluza al mar, priorizando la captura de calamar debido a su mayor valor comercial. La práctica, denunciada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), fue calificada como "depredación ilegal" y motivó la presentación de denuncias penales y administrativas ante la Justicia Federal y Prefectura Naval Argentina.

Según testimonios de marineros, las órdenes de descarte fueron impartidas por la empresa propietaria de los buques, bajo amenazas de despido y sanciones laborales. El empresario Luis Santander, señalado como responsable, admitió la práctica en declaraciones radiales, justificando el descarte por razones económicas: "Si viene mayor cantidad de calamar, se prioriza el calamar para bajarlo a la bodega, es tan simple como eso".

La Secretaría de Pesca de Chubut reaccionó rápidamente, retirando 1.000 toneladas de cuota social asignadas al buque "Nddanddu" y solicitando al Consejo Federal Pesquero que deje sin efecto la asignación. El Consejo resolvió por unanimidad revocar la cuota, aplicando el principio precautorio ante la posible utilización indebida del recurso. La medida fue defendida por el secretario Andrés Arbeletche, quien sostuvo que "la adopción de decisiones enmarcadas en el principio precautorio no requiere tener conocimiento cabal o fehaciente del hecho".

El episodio puso en discusión la eficacia de los controles sobre la actividad pesquera. La ausencia de inspectores a bordo y la falta de sistemas de monitoreo electrónico dificultan la prevención y sanción de prácticas de descarte. Especialistas y gremios advierten que el problema es estructural y requiere una revisión profunda de la normativa y los mecanismos de control.

La merluza, una especie tradicional en la dieta argentina, ha visto caer su stock de 50.000 a 20.000 toneladas en Río Negro entre 2017 y 2021, lo que llevó a la declaración de emergencia pesquera en la provincia. El debate sobre la sustentabilidad del recurso y la responsabilidad de los actores involucrados sigue abierto, con posturas encontradas entre empresarios, trabajadores y autoridades. Mientras tanto, la falta de voluntad política y técnica para implementar controles efectivos mantiene el problema vigente, afectando tanto al medio ambiente como a la comunidad marítima.