La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializada por decreto, representa uno de los cambios más profundos en la estructura estatal argentina en décadas. El Gobierno nacional dispuso la desafectación de más de 5.100 empleados públicos, en el marco de una reestructuración que busca centralizar funciones en el Ministerio de Economía y transferir el control de rutas a la Gendarmería Nacional.

Según fuentes oficiales, los trabajadores desafectados contarán con un año de sueldo mientras se define su reubicación en nuevas dependencias o, en caso de no ser reubicados, recibirán una indemnización proporcional a su antigüedad. El Ejecutivo sostiene que la medida permitirá un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares y una mayor eficiencia en la gestión de rutas, a través de la tercerización de servicios y la participación del sector privado.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su "profunda preocupación" por la eliminación de un organismo técnico con casi un siglo de trayectoria, advirtiendo sobre la afectación de la capacidad estatal para planificar, licitar y controlar proyectos viales. La entidad remarcó la importancia de mantener una visión federal y garantizar la continuidad de obras estratégicas, así como el impacto en el empleo y la articulación público-privada.

Por su parte, los gremios viales anticipan conflictos por la finalización de convenios colectivos y la pérdida de derechos laborales, mientras que organizaciones de víctimas, como Madres del Dolor, alertan sobre la falta de campañas y políticas de seguridad vial. Viviam Perrone, referente de la organización, subrayó la necesidad de mantener la atención a víctimas y la educación vial, señalando que "no es un gasto, sino una inversión para salvar vidas".

El Gobierno, en defensa de la medida, argumenta que la DNV presentaba una estructura sobredimensionada, con una alta proporción de empleados administrativos y recursos materiales desproporcionados. Además, denunció casos de nepotismo y "casta sindical" dentro del organismo.

La transición será gradual y aún existen indefiniciones sobre la estructura y roles en las nuevas agencias. El control de rutas, que antes estaba fragmentado entre distintos organismos, ahora estará a cargo de la Gendarmería Nacional, que supervisará vehículos particulares, de carga y pasajeros. El sector privado sostiene que la tercerización de servicios es más eficiente, aunque persisten dudas sobre el impacto en la calidad y seguridad de las rutas.

El cierre de Vialidad Nacional se inscribe en la política de reducción del gasto público y reorganización estatal impulsada por el gobierno de Javier Milei, generando un intenso debate sobre el futuro de la infraestructura vial, el empleo y la seguridad en las rutas argentinas.