El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a prisión perpetua a Matías Ernesto "Bicho" Álvarez, un líder narcocriminal que, a pesar de estar encarcelado, continuó operando una red delictiva que incluyó extorsiones y el asesinato de Érica Ávalos en 2022. La sentencia, dictada en un fallo unánime, abarca delitos de homicidio calificado por ensañamiento y uso de arma de fuego, así como tres hechos de extorsión.

El caso de Érica Ávalos, una joven de 25 años, conmocionó a la comunidad de Firmat, Santa Fe. En la madrugada del 28 de diciembre de 2022, Ávalos fue atacada por dos hombres en moto que le dispararon 17 veces. Gravemente herida, fue trasladada al hospital, donde falleció tres días después. Según la investigación, el crimen fue ordenado por Álvarez como represalia por un supuesto robo de drogas y dinero.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo audios, testimonios y peritajes, que demostraron que Álvarez controlaba su red delictiva desde la cárcel. Utilizaba su celular para coordinar actividades criminales, extorsionar a comerciantes y amenazar a funcionarios judiciales. En uno de los audios presentados, Álvarez amenazaba directamente a Ávalos, dejando claro su intención de causarle daño.

El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, destacó la gravedad de los hechos y la reiteración de conductas delictivas como fundamentos para dictar la pena máxima. La condena incluye agravantes como ensañamiento, dado que Ávalos sufrió una agonía prolongada antes de fallecer.

La familia de la víctima expresó alivio por la condena, aunque lamentó la pérdida irreparable. "Esperamos justicia, y hoy sentimos que dimos un paso importante", declaró un allegado. La comunidad de Firmat repudió el crimen y destacó la necesidad de mayor seguridad en la región.

El caso de Álvarez pone en evidencia las fallas del sistema penitenciario argentino, que permitió que un recluso continuara operando una red criminal desde la cárcel. Expertos señalan la necesidad de reforzar los controles en los penales para evitar que situaciones similares se repitan. La sentencia fue vista como un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la región, aunque queda mucho por hacer para garantizar la seguridad y la justicia.