Una presunta megaestafa inmobiliaria ha conmocionado a la Ciudad de Buenos Aires, dejando a cientos de personas afectadas y un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de dólares. La investigación, que comenzó en 2023, apunta a la empresa Induplack Fiduciaria y a sus representantes, quienes habrían operado bajo un esquema fraudulento de fideicomisos inmobiliarios.

Los principales acusados son cuatro miembros de la familia L’Abbate y un apoderado de la firma, quienes ya se encuentran detenidos. Según la jueza Paula González, los imputados recibían pagos anticipados por propiedades que nunca se entregaban, dejando las obras inconclusas o vendiendo el mismo inmueble a múltiples compradores. Entre los proyectos investigados se encuentran ubicaciones en Potosí 3957, Acuña de Figueroa 333 y otras direcciones en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscal Mónica Cuñarro informó que hasta la fecha se han recibido más de 200 denuncias, aunque se estima que el número total de damnificados podría ascender a entre 300 y 350 personas. Las víctimas incluyen trabajadores, jubilados y pequeños inversores que confiaron en la trayectoria de la empresa, la cual prometía precios accesibles y planes de pago cómodos. "Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada y engañada", relató Andrea Gerez, una de las denunciantes.

La investigación reveló que los acusados utilizaban un esquema similar al de las estafas piramidales, donde los fondos de nuevos compradores financiaban proyectos inconclusos. Además, se identificaron cuentas en Estados Unidos y se incautaron 905 millones de pesos para garantizar reparaciones económicas. "Esto fue una recontra mega estafa, muy cerca de lo que hizo Leonardo Cositorto (líder de Generación Zoe)", señaló el abogado Juan Pablo Chiesa, también víctima del fraude.

En redes sociales, las víctimas han creado cuentas como "Estafados por Induplack" para visibilizar el caso y exigir mayores controles en el mercado inmobiliario. La fiscal Cuñarro destacó la sofisticación de la organización, que operaba a través de múltiples empresas para desviar fondos y eludir responsabilidades legales. "Hay una organización bastante sofisticada con rangos jerárquicos", afirmó.

El caso ha generado un llamado a reforzar las regulaciones en el sector inmobiliario y a proteger a los consumidores de este tipo de fraudes. Mientras tanto, las víctimas esperan justicia y la recuperación de sus inversiones, en un proceso que podría sentar precedentes importantes para el mercado inmobiliario argentino.