Un fallo del Juzgado Civil Nº 3 de Viedma resolvió una compleja disputa por la posesión de un departamento en el barrio Ceferino, donde una madre con dos bebés fue encontrada habitando la propiedad que un hombre había adquirido en 2022. El conflicto surgió cuando el propietario, tras iniciar tareas de refacción y suspenderlas por problemas en las cañerías de gas, descubrió que el inmueble estaba ocupado por terceros. Ante la situación, presentó una denuncia policial y posteriormente promovió un juicio de desalojo.

La mujer que ocupaba el departamento argumentó que había adquirido la vivienda mediante un boleto de compraventa firmado con la anterior propietaria, presentando dicho documento como prueba. Sin embargo, durante el proceso judicial, la presunta vendedora negó haber realizado la operación y no reconoció la firma en el boleto. Un peritaje caligráfico confirmó que la firma era falsa, lo que resultó determinante para la resolución del caso.

Testimonios de trabajadores que realizaron remodelaciones en el inmueble respaldaron la versión del propietario, indicando que el lugar permanecía bajo su control y sin ocupación de terceros tras la compra. El juez Leandro Oyola valoró la prueba reunida y consideró acreditado que el inmueble estaba desocupado al momento de la venta, por lo que ordenó el desalojo de la ocupante y fijó un plazo de 45 días para la desocupación voluntaria.

El magistrado también dispuso que, en caso de incumplimiento, se podrá recurrir a la fuerza pública para ejecutar la medida. Además, solicitó la intervención de la defensoría de Menores y de organismos estatales como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, para garantizar la protección de los derechos de los niños involucrados en el proceso.

Este caso pone de relieve la importancia de la verificación documental en operaciones inmobiliarias y la necesidad de resguardar los derechos de los menores en situaciones de conflicto habitacional. La resolución judicial busca equilibrar la restitución de la propiedad con la protección social de los niños afectados.