La ruptura de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en Bahía Blanca se concretó tras una serie de votaciones decisivas en el Concejo Deliberante, marcando un quiebre en la política local y anticipando posibles repercusiones en otros municipios bonaerenses. El conflicto se originó cuando los concejales del PRO, alineados con Cristian Ritondo, apoyaron el paquete fiscal e impositivo propuesto por el intendente peronista Federico Susbielles. Esta iniciativa incluyó aumentos de tasas municipales y una sobretasa a las grandes empresas del Polo Petroquímico, generando rechazo tanto en el sector empresarial como en la oposición libertaria.

La votación permitió al oficialismo sumar el respaldo de los ediles del PRO y aprobar la ordenanza fiscal, lo que derivó en la reconfiguración de cargos clave dentro del Concejo Deliberante. En una sesión marcada por la tensión, Gisela Caputo, dirigente del PRO cercana a Ritondo, fue electa presidenta del cuerpo con el apoyo de los concejales peronistas, la Coalición Cívica y otros bloques opositores, desplazando al libertario Mauro Reyes. "Lo que hubo fue responsabilidad frente a una situación que lo demandaba. Las empresas necesitaban reglas, no discrecionalidad. Intervinimos para ordenar ese esquema y hoy eso se traduce en un aporte que financia 13 obras pluviales para 21 barrios", explicaron desde el PRO.

La reacción de LLA fue inmediata. Oscar Liberman, diputado provincial y referente libertario, denunció en redes sociales que "esto es un impuestazo a todos los hogares bahienses" y acusó al PRO y al peronismo de negociar cargos a cambio de votos. "Son tan casta que, aun con el 26% obtenido en las últimas elecciones y todos los barrios pintados de violeta, salen a comprar votos para aumentar impuestos a cambio de cargos", afirmó Liberman, profundizando la crítica hacia sus exsocios políticos.

El episodio en Bahía Blanca se inscribe en un contexto de creciente fragmentación entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires, donde ambos espacios compartieron boleta en 2023 pero ahora transitan caminos divergentes. La fractura política local podría replicarse en otros municipios, en medio de la disputa por el control de los concejos deliberantes y la proyección hacia las elecciones de 2027. Empresarios y contribuyentes han manifestado preocupación por el impacto de los aumentos fiscales, mientras que los actores políticos continúan debatiendo sobre la legitimidad y las consecuencias de los acuerdos alcanzados.

La situación evidencia la volatilidad de las alianzas políticas y la complejidad de la gestión municipal en un escenario marcado por la necesidad de financiamiento y la presión de distintos sectores. El desenlace en Bahía Blanca anticipa una etapa de mayor confrontación y redefinición de estrategias entre las principales fuerzas políticas de la provincia.