Miles de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios se movilizaron este jueves en distintas ciudades de Argentina para exigir un aumento presupuestario, la actualización de salarios y la aprobación de una ley de financiamiento universitario. La jornada, que incluyó un paro nacional de 48 horas, tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde la denominada "Marcha de las antorchas" partió desde Plaza Houssay y culminó frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

La protesta fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina. Los manifestantes reclamaron la urgente recomposición salarial y denunciaron que el presupuesto universitario para 2025 es el más bajo desde 2006, con una caída real de más del 30% desde 2023. "No sabemos si con este presupuesto podemos llegar a fin de año con todas las actividades", advirtió Tomás Battaglino, secretario de la FUA.

En Córdoba, Rosario, La Plata y otras ciudades, se replicaron marchas, clases públicas y abrazos simbólicos a edificios emblemáticos. En Córdoba, la vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio, encabezó un "abrazo de las antorchas" a la Manzana Jesuítica, mientras que en Buenos Aires se realizó un abrazo al Hospital de Clínicas. El reclamo incluyó la campaña "Un millón de firmas por la universidad pública" para respaldar el proyecto de ley presentado en el Congreso el 28 de mayo, que busca garantizar fondos automáticos y previsibles para el sistema universitario y científico.

Los gremios denunciaron la falta de paritarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, que en algunos casos han llevado a renuncias masivas. Además, se criticó la falta de actualización de las becas estudiantiles y el endurecimiento de sus requisitos. "Una universidad pública no se puede sostener sin los trabajadores", afirmó el docente Alejandro Montoso.

El conflicto se intensificó tras el veto presidencial a una ley similar en 2024 y la reciente asignación de un aumento del 29% por decreto, considerado insuficiente por el sector. La comunidad universitaria anticipa nuevas medidas de fuerza y una posible tercera marcha federal en el segundo semestre, mientras legisladores opositores buscan tratar la ley de financiamiento en una sesión especial el 2 de julio. El futuro del sistema universitario argentino permanece incierto ante la falta de consenso y recursos.