En la ciudad de Salta, se desarrolla un juicio oral y público que pone en evidencia la existencia de una organización narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. Veinte personas, entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, enfrentan cargos por integrar una red dedicada al tráfico de drogas, corrupción y otorgamiento irregular de beneficios carcelarios.

La investigación, coordinada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal, se inició tras denuncias anónimas y testimonios de identidad reservada. El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, detalló que la pesquisa incluyó intervenciones telefónicas y análisis de cuentas bancarias, lo que permitió detectar pagos ilegales, favores y transferencias entre los involucrados. Más de 113 cuentas bancarias fueron rastreadas, vinculadas a 17 imputados, consolidando un circuito financiero ilícito que sostenía el funcionamiento de la organización dentro del penal.

Durante las audiencias, la exdirectora general del Servicio Penitenciario, Carina Torres, y el jefe de Inteligencia, Reynaldo Herrera, brindaron testimonios sobre las irregularidades detectadas. Torres relató que, tras asumir el cargo en 2022, fue advertida sobre prácticas ilegales en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y el ingreso de elementos prohibidos, como celulares y estupefacientes. Herrera confirmó la existencia de informes verbales y escritos sobre estos hechos, y se exhibieron videos que muestran el ingreso irregular de alimentos y otros objetos.

Uno de los casos emblemáticos es el del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable tras el pago de sumas de dinero, documentadas mediante transferencias bancarias. El jefe de seguridad externa, Sergio Moya, fue señalado como coordinador de traslados irregulares y favores, operando incluso desde la Municipalidad de Salta.

El procurador general Pedro García Castiella calificó la situación como "imperdonable" y destacó la gravedad institucional del caso. Torres denunció haber sufrido represalias por exponer la red, mientras que los testimonios de los investigadores y directivos resultaron fundamentales para avanzar en el proceso judicial. El juicio continúa con la declaración de más testigos y la exhibición de pruebas documentales, en un contexto de alta tensión y repercusiones políticas en la provincia.