La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 12 años de prisión para Marco Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, integrante del grupo musical Los Nocheros, por delitos de abuso sexual agravado cometidos contra dos víctimas. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa, calificándolo de "inadmisible", y así agotó todas las instancias judiciales provinciales y nacionales.

La condena, dictada originalmente por la justicia salteña en 2021, se fundamenta en dos causas distintas. En la primera, Teruel fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada contra una víctima que tenía 10 años al inicio de los hechos y sufrió los abusos hasta poco antes de cumplir 13. En la segunda causa, la víctima tenía 19 años y Teruel fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado. Los coimputados en este último caso fueron absueltos.

Durante el juicio oral, el testimonio de una de las víctimas resultó determinante. La joven relató las secuelas emocionales sufridas, incluyendo autolesiones, trastornos alimenticios y varios intentos de suicidio. El tribunal consideró estos daños como agravantes en la calificación del delito.

La defensa, encabezada por el abogado Juan Casabella Dávalos, intentó revertir la condena mediante recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta y luego ante la Corte Suprema nacional, pero ambos fueron rechazados. Tras la sentencia, se revocó el beneficio de prisión domiciliaria y se ordenó el traslado de Teruel a una unidad penitenciaria.

El caso, que generó gran repercusión pública por la notoriedad del entorno familiar del acusado y la gravedad de los hechos, es considerado emblemático en la lucha contra el abuso sexual y la protección de menores en Argentina. Organizaciones de derechos de las víctimas celebraron la decisión judicial, mientras que el entorno familiar de Teruel no realizó declaraciones públicas tras el fallo. La resolución de la Corte Suprema marca el cierre definitivo de un proceso judicial que se extendió por varios años y refuerza la importancia de agotar todas las instancias legales en casos de delitos graves.