La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este miércoles en protesta por los vetos presidenciales firmados por Javier Milei a las leyes de Emergencia de Salud Pediátrica y Financiamiento Universitario. La medida, que afectará servicios públicos esenciales y garantizará solo guardias mínimas en hospitales, busca presionar al Congreso para que rechace los vetos y restituya las normativas aprobadas previamente.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó de “criminal” el ajuste sobre salud y educación, advirtiendo que “configura un país en el que solo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”. Desde el gremio, se denuncia una caída de entre el 30% y el 40% en las partidas presupuestarias de hospitales desde la asunción de Milei, mientras que los gastos en inteligencia aumentaron. “El Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables”, sostuvo Aguiar.

Las leyes vetadas contemplaban una recomposición salarial y exenciones impositivas para el personal de salud, así como un aumento presupuestario para hospitales pediátricos y la continuidad del sistema de residencias. En el caso de las universidades, la ley proponía actualizaciones presupuestarias bimestrales por inflación y recomposición salarial para docentes. Según datos de Chequeado, el presupuesto universitario cayó un 32% desde 2023 y los salarios docentes un 28% en términos reales.

En el Congreso, la oposición confía en reunir los votos necesarios para revertir los vetos, como ya ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el oficialismo depende del apoyo de gobernadores y aliados para sostener su postura. El Gobierno argumenta que los vetos buscan evitar un “desequilibrio fiscal” que podría afectar la estabilidad macroeconómica, mientras que la oposición y los sindicatos denuncian un ajuste que pone en riesgo derechos fundamentales.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta tensión política, tras recientes derrotas electorales del oficialismo y negociaciones clave por el presupuesto nacional. La sociedad civil, estudiantes y trabajadores estatales se suman a las protestas, mientras el debate sobre el financiamiento de la salud y la educación públicas se instala en el centro de la agenda política argentina.