En La Plata, una contadora pública fue detenida por liderar una organización dedicada a la emisión de facturas falsas, generando un impacto económico de más de 4 mil millones de pesos. Natalia Romina Foresio, de 48 años, enfrenta cargos por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

La investigación, liderada por la Dirección General Impositiva (DGI) y Gendarmería Nacional, comenzó en mayo de 2024 tras una denuncia que destapó un entramado delictivo. Según las autoridades, la red operaba desde 2018 y ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción. El esquema permitía inflar gastos y créditos fiscales indebidos, afectando tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Los allanamientos, ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo en La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Durante los procedimientos, se incautaron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas: $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en una propiedad vinculada a actividades financieras irregulares.

Además, la Justicia tiene en la mira a grupos empresarios dedicados a la obra pública que habrían utilizado este esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que podría constituir defraudación a la administración pública. Directivos y titulares de estas empresas serán citados a declarar en los próximos días.

Foresio, quien reside en La Plata y es madre de un jugador de fútbol profesional, ingresó al sector de la construcción en 2018 al fundar una sociedad de responsabilidad limitada junto a su esposo. La investigación también reveló conexiones con más de 100 empresas y un impacto económico que supera los 4 mil millones de pesos.

Este caso se suma a otros similares en Argentina, donde la evasión fiscal y el lavado de activos son problemas recurrentes. Expertos señalan la necesidad de fortalecer los controles fiscales y judiciales para prevenir futuros casos. Mientras tanto, la sociedad espera que este caso marque un precedente en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.