A un año del estallido del Caso $Libra, la investigación sobre la presunta estafa cripto que sacudió a la Argentina sigue sin arrojar definiciones claras. El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando la criptomoneda $Libra, lo que provocó una ola de inversiones y un aumento vertiginoso en el valor del activo digital. Sin embargo, horas después, la moneda se desplomó, dejando a más de 44.000 personas damnificadas, entre ellas 1.329 residentes en Argentina, con pérdidas individuales que superaron los 100.000 dólares en algunos casos.

La operatoria fue rápidamente señalada como una posible estafa, ya que los desarrolladores y allegados al proyecto retiraron sus fondos antes del colapso, obteniendo ganancias millonarias. Documentos judiciales y testimonios vinculan a Milei y a su entorno, incluida su hermana Karina Milei, con los principales actores de la maniobra. A pesar de la magnitud del escándalo, la investigación judicial avanza con lentitud: no hay procesados ni citaciones a indagatoria, y las medidas patrimoniales impuestas a los sospechosos han ido perdiendo fuerza con el tiempo.

El presidente Milei ha sostenido públicamente que su intervención fue a título personal y no como jefe de Estado, argumento respaldado por la Oficina Anticorrupción, que lo exculpó de violar la Ley de Ética Pública. Sin embargo, una comisión investigadora del Congreso concluyó que Milei prestó una colaboración "imprescindible" para la difusión de $Libra, utilizando su investidura presidencial. La oposición ha intentado impulsar un juicio político, aunque sin posibilidades de éxito en el actual contexto parlamentario.

En paralelo, la causa se investiga en Estados Unidos, donde una demanda colectiva busca resarcimiento económico para los damnificados. Mientras tanto, los querellantes en Argentina acusan al presidente de mentir y exigen avances concretos en la causa. El caso $Libra se suma a una serie de proyectos cripto impulsados por Milei y su entorno, todos con desenlaces similares y denuncias de estafa.

El futuro del expediente es incierto, pero el impacto político y social del escándalo sigue latente, alimentando el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la promoción de activos financieros y la protección de los inversores.